Venegas Penalistas

Noticia · 24 de Octubre de 2026 · Daniel Venegas

El Control de Convencionalidad en San Lázaro

El Control de Convencionalidad en San Lázaro

El control de convencionalidad no es una teoría importada ni una herramienta exclusiva para anular juicios en los tribunales; es una obligación que vincula a todas las autoridades del Estado mexicano, comenzando por el Congreso de la Unión.


Bajo esta premisa fundamental, Daniel Venegas, director de nuestra firma tuvo el privilegio de participar en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, impartiendo una extensa ponencia magistral en el marco del Taller "Donde las ideas se siembran y la nación se construye". Durante este ejercicio académico sin precedentes, analizamos por qué los legisladores son la primera línea de defensa de los derechos humanos y cómo su actuación previene condenas internacionales.


En una exposición de más de tres horas, estructurada para desentrañar la evolución y técnica del control de convencionalidad, abordamos las implicaciones procesales que esta figura tiene en el día a día del sistema de justicia penal. Explicamos a las y los legisladores cómo la jurisprudencia interamericana ha transformado etapas críticas como la detención, la exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura y la asistencia consular.


Nuestro mensaje fue claro: cuando la ley secundaria recoge los estándares internacionales, el sistema funciona y el juez no necesita inaplicar ninguna norma; sin embargo, cuando la legislación va en sentido contrario, el juez está obligado a ejercer el control difuso como un puente hacia la justicia.


El punto medular del taller se centró en la tensión jurídica actual más importante de México: la prisión preventiva oficiosa. Frente a las reformas recientes que han ampliado este catálogo y blindado el texto constitucional, recordamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos emblemáticos como García Rodríguez, ha ordenado suprimir la aplicación automática de esta medida cautelar. Demostramos que legislar para ampliar restricciones no resuelve la inseguridad, sino que perpetúa un sistema donde el Ministerio Público no tiene incentivos para investigar y el juez de control pierde su capacidad de decidir.

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