Si una fiscalía o autoridad presenta a una persona ante los medios de comunicación como delincuente antes de que exista una sentencia firme, ya ha violado sus derechos humanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido categórica al establecer que la presunción de inocencia opera también como una regla de trato.
Tanto la Primera Sala como el Pleno del máximo tribunal han determinado que la exposición estigmatizante menoscaba la dignidad humana y provoca una condena anticipada en la sociedad, independientemente de si esta difusión influye o no en los testigos del caso.
Sin embargo, ¿esta violación anula automáticamente el proceso penal? La respuesta técnica es no. Para que la exhibición mediática impacte la validez del juicio, la defensa debe demostrar que la exposición fue tan robusta que elevó de manera indudable el riesgo de que las pruebas o testimonios se volvieran parciales. En estos escenarios, si se comprueba que el propio Estado orquestó la difusión, el juez está obligado a ser especialmente escéptico con la investigación. Además, esta exposición abusiva puede catalogarse como una actividad administrativa irregular, abriendo la puerta a reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado.
El verdadero reto en estos casos es la carga probatoria, pues en el derecho penal, lo que no se documenta simplemente no existe. Como se observó en el Amparo Directo 23/2023, la protección de la justicia federal puede ser negada si no se ofrecen pruebas contundentes de que fue la autoridad quien exhibió al acusado. Por ello, si un familiar o conocido es víctima de esta práctica, es vital actuar de inmediato: guardar capturas de pantalla, respaldar enlaces, registrar fechas y documentar quién realizó la publicación para entregar este material a una defensa técnica capacitada.
Las autoridades tienen la facultad de informar a la ciudadanía, pero tienen estrictamente prohibido fabricar un juicio mediático paralelo.